El Gobierno de Chile ha vuelto a demostrar su respaldo a la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, a posteriori de que ella reconociera que sabía que la compra del inmueble del expresidente Salvador Allende no estaba permitida, pero que no informó al Presidente porque no era su rol.
Este respaldo ha sido reafirmado por distintas figuras del Ejecutivo, como la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ahora, se suma también la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.
En sus palabras, Lobos ha afirmado que Moya no ha renunciado y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo debido a su valía profesional y al equipo que dirige. Además, ha enfatizado en que Moya cumplió con revisar el decreto administrativo de la compra, lo que fue ratificado por Contraloría.
La oposición, por su parte, ha puesto en la mira a Moya y a los otros 17 abogados implicados en este caso. Desde la derecha, exigen la renuncia del equipo encargado de revisar la fallida compraventa del inmueble. El diputado UDI Jorge Alessandri incluso ha mencionado la posibilidad de tomar acciones constitucionales contra el ministro Elizalde, quien antes de ser ministro del Interior, presidía la Segpres.
El diputado RN Andrés Longton ha señalado la cercanía que Moya tiene con el Presidente Boric y ha insinuado que esa relación personal afectiva es lo que la mantiene en su cargo, o bien sabe algo que compromete al Mandatario. Por su parte, la diputada de Demócratas Joanna Pérez ha hecho un llamado al Presidente a pedir la renuncia de Moya.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Leonardo Soto ha criticado la decisión de tener a Moya en su cargo, afirmando que esto no resuelve los problemas del Gobierno, sino que los agrava. Por su parte, el abanderado presidencial liberal, Vlado Mirosevic, ha expresado que la persona de un equipo que comete un error debería ser desvinculada inmediatamente.
Por otro lado, el Partido Socialista (PS) ha calificado como “brutal” e “histórico” el cese de la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, de su cargo en el Senado. Esto se debe a que el Tribunal Constitucional (TC) la cesó debido a que era copropietaria de la casa de su padre, que el Estado pretendía comprar para convertirla en un museo.
Según la Constitución, los parlamentarios en ejercicio no pueden celebrar contratos con el Fisco, lo que llevó al TC a tomar esta decisión. Sin bloqueo, la senadora Allende aún no ha sido destituida de su cargo, ya que es necesario que el TC redacte la sentencia y que ésta sea leída ante la Sala del Senado. Por ello, Allende aprovechará la sesión de hoy a las 16:00 horas para pronunciar un discurso de despedida.
El senador socialista Juan Luis Castro ha afirmado que esta es la decisión que Allende ha tomado y que su intervención en la sesión de hoy cerrará su ciclo en el Parlamento con altitud de miras y en honor al legado de su padre y al país. Por su parte, el senador Alfonso De Urresti ha coincidido en que es “brutal” cesar de esta manera la trayectoria de más de 30 años de Allende en el Parlamento, y ha hecho un llamado a reflexionar sobre cómo un acto administrativo mal llevado puede terminar en una destitución.
En resumen, el Gobierno de Chile
