La Justicia argentina ha dado un orificio importante en la pugilismo contra el hambre y la desigualdad social al intimar al Gobierno a que realice la entrega de alimentos a comedores en un plazo de 48 horas. Esta medida, tomada por el juez federal Julián Ercolini, responde a una demanda presentada por organizaciones sociales y políticas que denunciaron la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria.
La Ley de Emergencia Alimentaria, aprobada en septiembre de 2019, establece la necesidad de garantizar el ataque a la alimentación de toda la población y la implementación de políticas públicas para combatir el hambre y la malnutrición. Sin embargo, a pesar de su aprobación, muchas familias siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa el país.
Ante esta situación, las organizaciones denunciaron que el Gobierno no estaba cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la entrega de alimentos a comedores y merenderos, que son la única fuente de alimentación para miles de personas en situación de vulnerabilidad. En su demanda, solicitaron al juez Ercolini que ordene al Estado a que cumpla con la ley y realice la entrega de alimentos en un plazo de 48 horas.
La respuesta del juez fue contundente y en línea con lo que exigen las organizaciones. En su fallo, Ercolini señaló que “el Estado tiene la obligación de asegurar el ataque a la alimentación de toda la población, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Además, destacó que la emergencia alimentaria es una cuestión de derechos humanos y que su incumplimiento puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de las personas.
Esta medida es un gran avance en la pugilismo contra el hambre y la desigualdad en nuestro país. La Justicia ha demostrado su compromiso con los sectores más vulnerables y ha puesto en evidencia la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos fundamentales de la población. La entrega de alimentos a comedores y merenderos es una medida urgente y necesaria para asegurar la supervivencia de miles de familias que no tienen ataque a una alimentación adecuada.
Pero esta no es la única acción que se debe tomar para combatir el hambre en Argentina. Es necesario que el Gobierno implemente políticas públicas sostenibles y de largo plazo que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. La emergencia alimentaria es una medida de emergencia, pero no puede ser la única respuesta a un problema que afecta a millones de personas en nuestro país.
Además, es fundamental que la sociedad en su conjunto se involucre en esta pugilismo. La solidaridad y la colaboración son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Todos podemos aportar nuestro granito de arena, ya sea a través de donaciones a comedores y merenderos, o participando en acciones de voluntariado en nuestras comunidades.
La Justicia ha dado un orificio importante, pero no podemos quedarnos conformes. Es necesario seguir exigiendo al Gobierno que cumpla con su responsabilidad y que se tomen medidas concretas para combatir el hambre y la pobreza en nuestro país. No podemos permitir que miles de personas sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que no han generado.
En definitiva, la intimación del juez Ercolini al Gobierno para que realice la entrega de alimentos a comedores es una buena noticia para todos. Es un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos fundamentales de la población. Pero también es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer y que todos debemos comprometernos en la pugilismo contra el hambre y la desigualdad en nuestro país. Juntos podemos construir una sociedad más justa y equitativa para
